GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
El 3
de octubre de 1968, un golpe militar, al mando del general Juan Velasco, puso
fin al gobierno de Fernando
Belaunde. Se instauró una junta Militar que luego se denominó Gobierno
Revolucionario de las Fuerzas Armadas. La Junta dejó de lado la Constitución y
gobernó dictatorialmente bajo el Estatuto de las Fuerzas Armadas. No hubo
Congreso y el Consejo Nacional de justicia reemplazó a la Corte Suprema.
El
Gobierno Revolucionario aplicó una serie de reformas que generaron un
importante cambio del perfil social y económico del país. La
Reforma Agraria transformó radicalmente la propiedad agraria con el propósito
de redistribuir la propiedad y los ingresos, y estimular la integración de los
sectores económicos destinados a la consolidación del autodesarrollo del
mercado interno. En la práctica, las reformas no lograron
satisfacer los requerimientos de la inmensa mayoría popular. La situación económica
empeoró, generándose una crisis social y política.
En
estas circunstancias el 29 de agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez,
derrocó al
general Velasco. En 1980, ante la grave crisis económica y en medio de grandes
movilizaciones, el gobierno convocó a elecciones para
entregar el poder a la civilidad.
GOBIERNO
REVOLUCIONARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
CAUSAS DEL GOLPE MILITAR:
Los factores que llevaron al golpe de Estado de 1968 son complejos. Por
un lado, el cambio de mentalidad de los militares, los cuales asumieron como
necesario alentar la modernización de la economía a través de una política
nacionalista que impulsara la industria y el mercado interno, priorizando la
atención de las necesidades sociales para asegurar el desarrollo y la
seguridad nacional. Convencidos de que los civiles no habían sido capaces de
llevar adelante tal proceso, determinaron que las propias Fuerzas Armadas
debían hacerlo.
Por otro lado, se menciona el deterioro de la situación política del
último tramo del gobierno de Belaunde, asediado por una aguda crisis económica
y por el fracaso de la mayoría de sus propuestas de gobierno. Tal situación
había llevado a continuas movilizaciones populares contra el gobierno en
medio de una coyuntura pre-electoral. A todo ello se sumó la toma de tierras
por campesinos en la sierra. Finalmente, la firma del Acta de Talara y un
nuevo contrato con la empresa norteamericana International Petroleum Company
(IPC), dieron pie para el cuestionamiento y el escándalo de la página 11.
El 4 de octubre de 1968, el gobierno militar declaró la nulidad del
contrato celebrado con la IPC, el Acta de Talara y todos los actos administrativos
vinculados a estos. El 9 de octubre, bautizado luego como Día de la Dignidad
Nacional, se anunció la expropiación de los bienes de la IPC y la ocupación
militar de sus yacimientos y de la refinería de Talara.
EL
MANIFIESTO REVOLUCIONARIO:
Al asumir el gobierno, la Fuerza Armada publicó un manifiesto
revolucionario en el que dio a conocer la necesidad de transformar la
estructura del Estado, a fin de conseguir la emancipación definitiva de nuestra
patria. Esto permitiría una eficiente
acción de gobierno; transformar las estructuras sociales, económicas y
culturales; mantener una definida actitud nacionalista, una clara posición
independiente y la defensa firme de la soberanía y dignidad nacional;
restablecer plenamente el principio de autoridad, el respeto y la observación
de la ley el predominio de la justicia y de la moralidad en todos los campos de
la actividad nacional.
Sin embargo, detrás de la insurgencia militar se hallaba un grupo de oficiales del Ejército
con un vago proyecto denominado PLAN
INCA, que iría tomando forma conforme las circunstancias se fueran
desarrollando.
Este proyecto, al igual que la nueva mentalidad militar, se había ido
gestando en las aulas del CAEM (Centro de Altos Estudios Militares), en la
interrelación entre los jefes militares que allí se formaban y un grupo de
intelectuales civiles, sus maestros, salidos de las canteras de la centro izquierda política.
UNA
NUEVA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA
El gobierno
revolucionario abordó el problema de la tierra y llevó a cabo una de las
reformas con mayores repercusiones sociales
y económicas en el Perú, la Reforma Agraria. Esta se inició el 24 de junio de 1969, fecha en que se conmemoraba
el Día del Indio, y que se rebautizó como Día del Campesino.
Con
la promulgación de la ley de Reforma Agraria se determinó la expropiación de todas las haciendas o
latifundios de costa y sierra.
Los límites de aquellas propiedades que no estaban afectas de
expropiación se fijaron en 50 hectáreas para tierras de riego y 150 de secano,
afectándose la mediana y gran propiedad. Incluyó la maquinaria, el ganado y las instalaciones industriales. Se estableció que los propietarios serían
indemnizados mediante el pago de una pequeña suma en efectivo y el resto en
bonos, los cuales el gobierno esperaba que se invirtieran en el sector
industrial. Paralelamente se procedió con la toma de los complejos azucareros
de la costa norte, lo que significó un ataque directo contra los intereses
agrarios más poderosos y productivos del país. A partir de allí, la reforma se extendió rápidamente a otras zonas. En
1975, prácticamente todos los grandes
fundos particulares habían sido afectados. Hasta 1979 fueron
expropiadas 9,1 millones de hectáreas de los treinta millones de tierra
cultivada del país. El número de fundos afectados fue de dieciséis mil.
LA TIERRA PARA QUIEN LA TRABAJA:
Para prevenir un grave
desequilibrio en la producción por la
parcelación y división de las grandes haciendas, el gobierno optó por
mantenerlas unidas bajo un régimen de propiedad y gestión de tipo asociativo. De ese modo,
las haciendas productivas y altamente
tecnificadas de la costa fueron entregadas a los antiguos trabajadores, quienes se organizaron en las Cooperativas Agrarias de Propiedad Social
(CAPS). Las antiguas haciendas
serranas fueron convertidas en Sociedades Agrarias de Interés Social (SAIS) y entregadas a sus trabajadores o a las comunidades
campesinas.
LA MOVILIZACIÓN CAMPESINA:
Para
lograr el respaldo campesino a su política agraria, se creó la Confederación Nacional Agraria
(CNA), que entró en oposición
con la tradicional Confederación Campesina del Perú, liderada por movimientos
de la izquierda radical. La CNA organizó grandes levantamientos con el
objetivo de adelantar el traspaso de las propiedades en proceso de expropiación
y de tomar las tierras no afectadas por la reforma. Muy pronto se politizó y
salió del control del gobierno, por lo que
fue anulada durante la Segunda fase. Por otro lado, la Sociedad Nacional Agraria (SNA),
que reunía a los propietarios de tierras, fue intervenida en mayo de
1972 y sus locales pasaron a ser sedes de
las ligas agrarias adictas al gobierno.
EL ESTADO REVOLUCIONARIO INTERVENCIONISTA
Hacia
1968, la economía peruana estaba organizada en torno a la producción para
exportación de algunas materias primas (petróleo, cobre, azúcar, harina de pescado). La base industrial era débil,
se dependía de las importaciones para
satisfacer en parte las necesidades de la población y de la industria.
Una meta expuesta por el Gobierno Revolucionario era poner fin al subdesarrollo a través de la superación de este modelo capitalista dependiente que, afirmaba, había sido el causante de la crisis
permanente y del desequilibrio socioeconómico nacional. El Estado debía jugar un papel central en el
proceso de transformación de las estructuras
de la dependencia, liderando y participando activamente en la
planificación y promoción del desarrollo.
UN ESTADO PRODUCTOR
Y GERENTE:
El gobierno procedió al
masivo traspaso de la Propiedad de los
recursos productivos considerados
estratégicos hacia el Estado a través de las llamadas estatizaciones o
nacionalizaciones.
El primer sector
comprendido fue el energético, con la
expropiación de los bienes de la IPC. Luego
siguió el sector minero. El
Estado nacionalizó los yacimientos de Cerro Verde, Michiquillay y
Quellaveco y las minas explotadas por la
Cerro de Pasco Copper Co. y la Marcona Mining Corp. Para la administración
y desarrollo de
estos recursos se crearon
empresas estatales como CENTROMIN PERÚ y HIERROPERÚ.
En
1971, la Ley de Pesquería estableció el control estatal sobre la
comercialización de las exportaciones pesqueras, y dispuso la
eliminación progresiva
del capital extranjero del sector. Tras el colapso de la industria por exceso en la
explotación del recurso, todo el sector pasó
a ser administrado por la empresa PESCAPERÚ.
Las
empresas de servicios también fueron estatizadas: la Compañía de Teléfonos,
los servicios de agua y luz, parte de la Banca (Banco Continental, Banco Popular) y las aerolíneas.
LA
POLÍTICA INDUSTRIAL: ARMONIZAR CAPITAL Y TRABAJO
En julio de 1970, el
gobierno promulgó la Ley de Industrias, declarando de interés
nacional el desarrollo industrial
permanente y auto-sostenido. Para proteger a la industria nacional
aumentó los impuestos a los productos importados
e impulsó el mecanismo del CERTEX (Certificado de Exportaciones), que
favorecía la exportación de productos no tradicionales de origen industrial.
Al mismo tiempo se
crearon las comunidades laborales para el sector industrial, ampliándose luego a los sectores pesquero y minero, a fin de incorporar
al trabajador industrial como sujeto activo del proceso de industrialización, otorgándoles el derecho a participar en
la propiedad, la gestión y las utilidades
de las empresas.
Posteriormente,
en 1973, se estableció un nuevo tipo empresarial, la Empresa de Propiedad Social,
un tipo de empresa mixta
en que participaba el gobierno y los
trabajadores, organizados en un régimen cooperativo.
LA
MOVILIZACIÓN SOCIAL Y LA DICTADURA DE LOS MEDIOS
SIMAMOS Y EL
BINOMIO PUEBLO-FUERZAS ARMADAS:
A fin de movilizar a las clases populares en apoyo de las reformas, el
régimen militar organizó estrategias y organismos destinados a articular sus
relaciones con estos sectores, conformando el llamado binomio Pueblo-Fuerzas
Armadas, actores de las grandes transformaciones revolucionarias.
Optó por
promover la fundación de sindicatos y centrales sindicales sufragados y controlados
desde el Estado. Así nacieron la Central de Trabajadores de la Revolución
Peruana (CTRP) y la Confederación Nacional Agraria (CNA). El máximo organismo
fue el Sistema Nacional para la Movilización Social (SINAMOS), creado en 1971
convirtiéndose en el brazo político del régimen. Sus objetivos eran promover la
participación activa de los sectores populares organizados, difundir las ideas
y las acciones revolucionarias, capacitar en el proceso de la organización y
dar apoyo financiero y legal a dichas bases.
LOS SÍMBOLOS
DE LA REVOLUCIÓN:
Gigantescas manifestaciones o mítines en apoyo de la revolución se
realizaron en momentos en que el gobierno consideraba que la contrarrevolución
había emprendido una campaña de desprestigio contra el proceso, tendiente a
debilitar la unidad de las fuerzas armadas.
En ellas se acuñaron una serie de
lemas: "¡No pasarán!, ¡Kausachum Revolución!, ¡Chino, contigo hasta la
muerte!", y construyeron símbolos, como el de Túpac Amaru, a fin de
cohesionar al pueblo con su líder, el Chino Velasco, y con su revolución, y
todos ellos contra los opositores contrarrevolucionarios.
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EL PROBLEMA DE LA PRENSA Y LOS MASTINES
DE LA REVOLUCIÓN:
Tras
el golpe de Estado, la prensa apoyó medidas como
la toma de Talara. Conforme las reformas se radicalizaban, la adhesión al gobierno
fue disminuyendo. En 1970, la oposición de un sector de la prensa al
autoritarismo del régimen dio lugar a la incautación de los diarios Expreso y
Extra, que pasaron a ser administrados por personalidades cercanas al gobierno
y a quienes Velasco bautizó como los "mastines de la revolución". Se
estableció un Estatuto de la Libertad de Prensa que impuso un rígido control
sobre la información emanada de estos medios, la cual no podía pasar de ciertos
parámetros. El estatuto fue bautizado como la Ley de la Mordaza, y a los
periódicos sujetos al control se les conoció como diarios parametrados.
Posteriormente se promulgó otra ley por la cual todas las empresas de radio y
televisión debían contar con accionariado del Estado no menor al 25%, y se
establecieron controles similares. De ese modo, toda la prensa quedó sometida a
un organismo de censura, la Oficina Central de Información.
Finalmente, el 27 de mayo de 1974, bajo el criterio de la necesidad de
socializar los medios de comunicación, se promulgó la Ley de Reforma de la
Prensa y se tomó por la fuerza el control de todos los diarios. Su conducción
fue entregada a intelectuales afines al gobierno. Cada diario debía
representar a los sectores organizados, como los sindicatos, las comunidades
industriales, intelectuales, ocasionando una serie de revueltas estudiantiles
que fueron reprimidas, y la deportación de algunos líderes.
LA POLÍTICA
EXTERIOR: EL PERÚ, UN PAÍS TERCERMUNDISTA
Ante las medidas adoptadas por el régimen dictatorial, el gobierno de
Estados Unidos decidió suspender los créditos. Frente a esta situación, el
gobierno peruano buscó estrechar relaciones diplomáticas y comerciales con la
China Comunista, la Unión Soviética y con los países comunistas de la Europa
del Este. Debido a estos contactos, pudo recibir ayuda crediticia y técnica, y
adquirir material bélico e industrial.
La misma confrontación llevó a la diplomacia peruana a adherirse a las
posiciones denominabas tercermundistas. La Cancillería peruana propugnó el
desarrollo del bloque gubernamental del Tercer Mundo y de los No Alineados, a
fin de lograr mancomunadamente el establecimiento de un nuevo orden
internacional que eliminara el dominio de los países desarrollados.
Ya en la OEA y en contra de la posición norteamericana, Perú postuló la
libertad de los países latinoamericanos para reanudar relaciones con Cuba.
Asimismo, propició el fortalecimiento del Pacto Andino que, además de la integración
económica al nivel de los países del Acuerdo de Cartagena, debería eliminar las
tensiones político-militares entre los países miembros.
EDUCACIÓN,
CULTURA Y NACIONALISMO:
A fin de lograr un sistema educativo que garantizara la formación
integral del hombre, el gobierno llevó a cabo una reforma educativa.
Consideraban que el sistema educativo tradicional estaba orientado a mantener
en la ignorancia a las grandes mayorías con fines de explotación, que era un
sistema poco flexible y que no tenía en cuenta la realidad nacional.
Tres fueron los fines propuestos: educar para el trabajo y el
desarrollo, para la transformación de la sociedad y para la autoafirmación e
independencia de la nación peruana.
Sus metas fueron la eliminación total del analfabetismo, asegurar la
escolaridad básica y el acceso de todos los peruanos a educación permanente.
Muy poco de ello se realizó, ya que la reivindicación social y la
búsqueda de exaltar las reformas del régimen primaron en la acción educativa.
De ese modo se estableció el uso del uniforme único; se prohibió la entrega de
premios por méritos académicos y se prohibió el aprendizaje de los idiomas
extranjeros. En su lugar y con un afán nacionalista se revaloró la enseñanza
del quechua como lengua oficial, la música popular andina y el arte y la
artesanía nativos. La reforma fracasó al subordinarse los aspectos
teórico-técnicos educativos a los políticos.
LA CRISIS
DEL MODELO REVOLUCIONARIO Y EL PROBLEMA DE LA DEUDA
Hacia 1973, las reformas del gobierno habían provocado la salida de
capitales hacia el extranjero y la disminución de la inversión privada. La
agricultura se deterioró. Los campesinos carecían de experiencia empresarial
para tomar decisiones. Se dio poca importancia al uso de tecnologías modernas y
apropiadas, y a la búsqueda racional del crédito bancario. Los precios de los
productos agrarios, controlados por el gobierno, pronto se devaluaron.
Ante estos hechos, el gobierno emprendió una política de endeudamiento
externo, lo que elevó la deuda nacional en diez veces su valor con respecto a
1968. Este hecho generó un descontento social y un creciente rechazo al
autoritarismo. El 5 de abril de 1975, la Policía Nacional inició una huelga que
fue sangrientamente reprimida. En Lima se desataron violentos disturbios
callejeros y se debió apelar al "toque de queda". Se prohibió la
permanencia en las calles más allá de las 8 de la noche, medida que se
prolongó durante dos años.
LA
SEGUNDA FASE:
En estas circunstancias el 29 de agosto de 1975 en Tacna, el general
Francisco Morales Bermúdez, acompañado de los comandantes de las cinco regiones
militares, declararon depuesto al general Velasco Alvarado.
Tras asumir el mando, Morales Bermúdez reemplazó el Plan Inca de
Velasco por el Plan Túpac Amaru; procedió, sin cambiar el discurso
revolucionario y la práctica autoritaria, a autorizar el retorno de
periodistas y políticos deportados, y la circulación de una serie de revistas
clausuradas.
Ante la gravedad de la crisis, en 1978 se procedió a una dura política
de estabilización económica y de reestructuración de la deuda, lo que
significó una devaluación monetaria, la congelación de sueldos, entre otras cosas,
generando el aumento de la recesión y del desempleo.
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1978:
En 1977, el gobierno militar, asediado por las huelgas y movilizaciones
violentas, dispuso devolver a los civiles el control del gobierno, convocando a
elecciones para reunir un nuevo Congreso Constituyente. Las elecciones se
llevaron a cabo el 18 de junio de 1978 sin la participación del partido Acción
Popular, de Belaunde.
Los puestos de la Constituyente fueron cubiertos por el APRA con un 35%
del voto, y el Partido Popular Cristiano con 24%. La gran sorpresa fueron los
pequeños y atomizados movimientos y partidos de la izquierda, que alcanzaron
entre todos una votación de 34%. La Constituyente, bajo la presidencia de
Víctor Raúl Haya de la Torre, promulgó el 12 de julio de 1979 una nueva
Constitución política.
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